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Avanzan promesas antiinmigrantes de Donald Trump

Está cerca de cumplir su promesa de un EEUU con muros más altos, leyes de inmigración más duras y menos extranjeros entrando al país

Agencia Reforma
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

NUEVA YORK -- Mientras recolecta apoyo para su reelección en noviembre, el Presidente Donald Trump se encuentra más cerca que nunca de cumplir su promesa de un Estados Unidos con muros más altos, leyes de inmigración más duras y menos extranjeros entrando al país.

 En los últimos tres años, el Presidente ha convertido el sistema de inmigración nacional en una carrera de obstáculos físicos y burocráticos, lo que ha provocado menos cruces fronterizos ilegales y un desplome de migración legal.

 El número de admisiones de refugiados a EU cayó a su nivel más bajo registrado el año pasado, y este año la Administración fijó un límite aún menor, con 18 mil lugares para perseguidos alrededor del mundo.

 El Gobierno de Trump también está bloqueando a los solicitantes de asilo en la frontera sur de EU y enviándolos a Guatemala o de regreso a México.

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Otros visitantes son enviados de vuelta o se les impide la entrada por completo: estudiantes internacionales y turistas llegan en números más pequeños, de acuerdo con los últimos datos del Departamento de Estado, y las "green cards" emitidas desde 2016 han disminuido en 25 por ciento.

 La Administración de Trump recién añadió seis nombres a una creciente lista de países con restricciones de visas: Kirguistán, Myanmar, Eritrea, Nigeria, Sudán y Tanzania.

"Las políticas y las prácticas de Trump han atacado cada faceta del sistema de inmigración: desmantelar protecciones de asilo en la frontera sur, imponer límites de riqueza a inmigrantes que son esposas y familia de ciudadanos, poner presión fiscal a negocios que dependen legítimamente de trabajadores inmigrantes hábiles y amenazar con deportaciones masivas sin importar tiempo de residencia o lazos comunitarios", expresó Lucas Guttentag, un profesor de legislación de inmigración en la escuela de derecho de la Universidad de Stanford.

 El lunes, Trump presentó una propuesta de presupuesto para 2021 que incrementaría la frecuencia de las deportaciones al agregar miles de agentes de migración y expandir la capacidad de las cárceles.

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Horas después, el Fiscal general William Barr anunció demandas del Departamento de Justicia contra las jurisdicciones "santuario" que evitan cooperar con migración federal.

 El mes pasado, la Suprema Corte de EU falló 5 a 4 para permitir que la Administración aplique una "regla de cargo público" -una política que permite al Gobierno negar "green cards" a solicitantes de bajos recursos-.

 La decisión y otras victorias en la corte le han dado a la Administración momentum tras la crisis migratoria de Centroamérica y el fallido plan de separación de familias que descarriló la agenda migratoria de Trump en 2018 y 2019, cuando más de un millón de migrantes cruzaron la frontera sur.

Al sur de Yuma, Arizona, se eleva un gigantesco muro junto al desierto que reemplazará barreras mucho más bajas, pensadas para frenar autos, no personas.  Esta sección de 8 kilómetros (5 millas) de cerco es donde empieza a tomar forma la promesa más importante que hizo Donald Trump en su campaña presidencial, la de construir un muro a lo largo de toda la frontera sur.

"El control fronterizo es necesario para salvar las escuelas, los hospitales, los trabajos y las vidas mismas de nuestros ciudadanos; y para mantener a los criminales fuera de nuestras comunidades", opinó el vocero de la Casa Blanca, Hogan Gidley.

 El número de arrestos y detenciones a lo largo de la frontera sur de EU ha caído en un 75 por ciento desde mayo.

 Al presionar a México y a Centroamérica a cooperar con medidas migratorias, el Gobierno de EU pudo ejercer nuevas herramientas que el Congreso no aprobaría.

 Los funcionarios de Trump pudieron entonces regresar a las prioridades en materia de migración al interior del país.

 "Creo que lo que pasó en 2019 fue que la Administración fue capaz de dar un giro a la migración legal, especialmente una vez que el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP en inglés) empezó a tener un impacto en la llegada de migrantes centroamericanos", apuntó Cris Ramón, un analista de migración en el Centro de Políticas Bipartitas en Washington.

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Funcionarios del Departamento de Seguridad y defensores de las políticas migratorias de Trump coinciden en que los demócratas y los defensores de migrantes han exagerado a las políticas del Presidente, pues el número de personas que han hecho el juramento de naturalización alcanzó los 833 mil en 2019, el más alto en 11 años.

 El número de inmigrantes ya presentes en EU que recibieron "green cards" como residentes permanentes legales subió a casi 577 mil el año pasado, prácticamente lo mismo que el año pasado y un mayor total que los últimos años del Gobierno de Obama.

La bandera mexicana ondea del otro lado de la frontera.

En oposición, expertos en migración y defensores señalan que no es inusual ver incrementos de solicitudes para residencias permanentes y naturalización en momentos de aguda ansiedad sobre el estatus migratorio.

 Funcionarios del Departamento de Seguridad han propuesto elevar las cuotas de naturalización de 640 dólares a mil 170, un incremento del 83 por ciento.

 Los servicios de migración y ciudadanía de EU, que dirige el sistema de migración legal, es una agencia a base de cuotas, y los funcionarios alegan que el incremento es necesario para cubrir los crecientes costos administrativos.

 Trump le contó a sus asistentes que planea cumplir su compromiso de completar más de 800 kilómetros de nuevas barreras a lo largo de la frontera con méxico para inicios del siguiente año.

 Su Administración ha completado alrededor de 193 kilómetros hasta ahora, de acuerdo con las últimas cifras de construcción, pero se espera que la Casa Blanca revele planes en las siguientes semanas de construir cerca de 1448 kilómetros de nuevas barreras para 2022, sobre todo con dinero desviado del presupuesto del Departamento de Defensa.