La policía de Phoenix llamó al ICE 6,169 veces en tan solo 2 años y medio, bajo la SB1070
La SB1070 exige a los oficiales preguntar a una persona sobre su estado migratorio, si hay sospechas de que es indocumentado
Durante más de dos décadas, Héctor Luna había podido evitar tener cualquier relación con los oficiales de la policía de Phoenix.
Emigró al área de Phoenix desde el sur de México hace 22 años como indocumentado, y siempre supo que la más mínima infracción podría llevarlo a la deportación.
"Este país nos deja en paz siempre que no cometamos ningún error", asegura Luna. "Pero si hacemos el error más pequeño, las consecuencias son enormes".
Ha pasado más tiempo en Arizona que lo que vivió en su natal Puebla y con esfuerzo ha creado una vida en Phoenix. Tiene dos hijas y un hijo, todos nacidos en Estados Unidos. Trabaja como personal de mantenimiento y en sus ratos libres entrena a un equipo de fútbol juvenil.
En abril del 2010, cuando la gobernadora Jan Brewer firmó el Proyecto de Ley SB1070 del Senado, la ley de inmigración de Arizona mejor conocida como "muéstrame tus papeles", Héctor entendió que tenía que ser aún más cauteloso.
Nombrada oficialmente como el acta de Apoyo a la Aplicación de la Ley y los Vecindarios Seguros, la reglamentación exige a los oficiales preguntar a una persona sobre su estado migratorio, si el policía tiene sospechas razonables de que esa persona se encuentra de forma ilegal en el país.
Desafortunadamente, la tarde del 23 de noviembre la policía le dio al hombre de 43 años un citatorio, después de haber tenido una acalorada discusión con otra persona en un campo deportivo del oeste de Phoenix, durante un partido de fútbol juvenil.
Lo que comenzó como un caso de agresión por un delito menor, algo que generalmente es resuelto por la autoridad con una multa de 500 dólares o 30 días de cárcel, lo tiene ahora enfrentando la deportación.
Según la abogada Delia Salvatierra, quien lo representa, la tarde de la disputa, Héctor Luna solamente traía consigo una foto de su pasaporte mexicano. El oficial de la Policía de Phoenix se lo llevó a una estación para identificarlo a través de las huellas digitales y ahí contactó a las autoridades de inmigración.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), lo arrestaron en la estación de policía.
"Vives una vida normal mientras no cometas un error", reflexionó. "Yo sentía que tenía una vida normal hasta que me arrestaron".
En el año 2010, la SB1070 fue la ley de inmigración más dura de toda la nación. Varios tribunales declararon que algunas partes de la normativa eran inconstitucionales, pero en la última década, las partes restantes han logrado los objetivos de sus partidarios: deportar a más inmigrantes indocumentados.
Pero los opositores a la ley todavía se preguntan si la SB1070 es una medida de perfil racial contra los latinos.
¿Cómo debería Phoenix hacer cumplir la ley SB1070?
La política del Departamento de Policía de Phoenix establece que cualquier persona que haya sido arrestada, deberá someterse a una verificación de su estatus migratorio por parte del gobierno federal, a menos de que tenga una licencia de conducir de Arizona o alguna otra identificación que demuestre su estatus legal en los Estados Unidos.
Si la persona cuenta con este tipo de identificaciones, el oficial no debería cuestionar su estado migratorio.
La política también establece que "un oficial no puede alargar una parada de tráfico o detención, basado solamente en los cargos civiles federales". Y añade: "el oficial no extenderá la parada/detención para esperar a que ICE responda".
De acuerdo con esta misma política, los oficiales de la policía de Phoenix no deben cuestionar el estado migratorio de las víctimas o los testigos de delitos. Pueden cuestionar el estado de un menor solo si se sospecha que el joven cometió otro delito.
Phoenix llamó al ICE 6,169 veces
Siguiendo los lineamientos de la ley SB1070, la policía de Phoenix y otros departamentos de policías municipales en todo el estado, realizan llamadas a los funcionarios federales para investigar el estatus migratorio de las personas arrestadas o bajo custodia policial y que son sospechosas de estar ilegalmente en el país.
Como parte de su política con respecto a la SB1070, misma que fue revisada en julio de 2017, el Departamento de Policía de Phoenix realizó un registro cada vez que un oficial contactó al ICE. Los datos mostraron que en promedio, la policía de Phoenix llamó a los oficiales de inmigración siete veces por día.
Los datos documentados por Phoeni, registran que en un período de 2.5 años, los oficiales llamaron miles de veces a los funcionarios de ICE. Pero solamente un pequeño porcentaje de las personas detenidas resultó en realidad estar ilegalmente en el condado. Un grupo reducido terminó siendo arrestado por ICE. Lamentablemente Héctor Luna estuvo entre esas personas.
Para los abogados, activistas y profesores, los datos plantean preguntas de si los agentes de la ley ejercen un perfil racial sobre la gente latina. Para los partidarios de la SB1070, los números son una prueba de que la ley se está haciendo cumplir.
Según el Departamento de Policía de Phoenix, sus oficiales llamaron a los agentes de ICE para investigar el estado migratorio de algún detenido en 6,169 casos, entre julio del 2017 y diciembre del 2019.
- En el 61.5 por ciento de los casos, es decir en 3,792 veces, se encontró que los individuos se encntraban legalmente en el país.
- En el 33.5 por ciento de los casos, o 2,068 veces, se desconocía el estado migratorio de los individuos.
- En el 5 por ciento de los casos, o 309 veces, se encontró que los individuos estaban en el país ilegalmente.
- En el 2.6 por ciento de los casos, o 158 veces, ICE arrestó a una persona sospechosa de estar en el país ilegalmente.
Los datos no incluyen la raza o el origen étnico de las personas investigadas por su estado migratorio, o lo que llevó a la policía a creer que los detenidos estaban ilegalmente en el país. Los documentos tampoco señalaron si las personas consideradas "legales en el país" eran ciudadanos estadounidenses.
Los datos también muestran que durante ese lapso de 2 años y medio, los oficiales de la policía de Phoenix le pidieron al ICE que investigara a 81 menores, encontrando que dos de esos jóvenes sí estaban ilegalmente en el país pero los agentes no los arrestaron.
El Departamento de Policía de Phoenix no respondió a las preguntas The Arizona Republic sobre el hallazgo de estos datos, enviando solamente una declaración por correo electrónico en la que señalaron que la agencia "respeta la dignidad de todas las personas y reconoce la vida humana, los derechos civiles y la libertad".
La sargento Mercedes Fortune , portavoz del Departamento de Policía, escribió en el correo electrónico que la policía de Phoenix creó su propia política con los aportes de la comunidad, sobre cuándo es que se debería de llamar a ICE.
"Los grupos comunitarios que se asociaron con nosotros, brindaron una gran contribución a esta Orden de Operaciones, específicamente, incorporando un mecanismo de seguimiento para los momentos en que se contacta a ICE", escribió Fortune.
'No llaman al ICE muy a menudo'
El representante estatal John Kavanagh, republicano por Fountain Hills, fue uno de los principales patrocinadores de la ley SB1070 en el 2010. Kavanagh expuso que los datos de Phoenix, muestran que los oficiales no están discriminando a las personas, como los defensores de la comunidad latina predijeron que lo harían hace 10 años.
Asegura que está contento de que los oficiales estén tomando estas medidas."Pensé que tal vez los grupos intimidarían a los policías para que no se involucraran e hicieran su trabajo", dijo Kavanagh. "Pero al parecer están haciendo lo que corresponde y de manera prudente, juiciosa, razonable y justa".
Russell Pearce, quien fue retirado de su escaño en el Senado Estatal en el 2011 y es el actual jefe adjunto en la Oficina del Tesorero del Condado Maricopa, fue el patrocinador principal de la ley SB1070 en el 2010.
"Me alegra que llamen al ICE", comenta Pearce. "Pero pudiera decir que no lo hacen muy a menudo".
'¿Cómo pueden justificar estos números?'
Daniel R. Ortega Jr., un abogado de Phoenix y ex presidente del grupo de defensa conocido anteriormente como el Consejo Nacional de La Raza, asegura que los números deberían preocupar al Departamento de Policía de Phoenix.
El grupo, que cambió su nombre a UnidosUS, había pedido un boicot nacional contra Arizona luego de la aprobación de la SB1070 en el 2010. En particular, advirtieron en ese momento que la policía haría un perfil racial de los hispanos.
"¿Cómo puede justificar estos números y no aceptar el hecho de que sus oficiales tienen perfiles raciales?" dijo Ortega.
El concejal de la municipalidad de Phoenix, Carlos García, comenta que él quisiera saber cómo la policía de Phoenix recopila sus datos y si hacen un seguimiento de las personas que pidieron que fueran investigadas por ICE.
Plantea que mientras la policía de Phoenix continúa recolectando estos datos, deberían incluir información sobre cuánto tiempo estuvo una persona bajo custodia policial, antes de ser entregada al ICE. También desea que el Departamento de Policía registre la raza o el origen étnico de las personas investigadas por su estado migratorio.
"Tal como están los datos, es muy alarmante", dijo.
García entiende que la SB1070 es la ley, pero que le gustaría que fuera derogada. Hasta entonces, comenta que desearía que la policía siga su propia política para asegurarse de que las personas no sean paradas por un perfil racial y que no sean retenidas en la cárcel más de lo necesario.
Jaime Águila, profesor de historia en Midland College, en Texas, quien enseña temas de inmigración, asegura que muchas leyes apoyan ordenanzas como la SB1070 en nombre de la seguridad nacional. Pero pueden tener el costo de violar potencialmente las libertades civiles de ciertos grupos étnicos.
Las personas que apoyan la ley a veces pueden racionalizarla pensando que está bien "siempre y cuando no haya limitaciones en sus propias libertades civiles", expone.
César Cuauhtémoc García Hernández, profesor de derecho en la Facultad de Derecho Sturm de la Universidad de Denver, Colorado, comenta que los activistas habían advertido que la aplicación de la ley SB 1070 resultaría en que los oficiales iban a denigrar racialmente a los hispanos.
Analiza que leyes como la SB1070 están destinadas a identificar a los inmigrantes que se encuentran en el país sin el permiso del gobierno de Estados Unidos.
"Puede tomar una serie de eventos relativamente insignificantes y convertirse en una pesadilla que cambia vidas", dijo.
Argumentó que los datos deberían plantear preguntas entre los líderes de la policía de Phoenix, sobre si la aplicación de la SB1070 está afectando desproporcionadamente a los latinos, que representan el 42 por ciento de la población de la ciudad y la mayoría de los cuales son nacidos en este país.
"Dada la demografía básica de la comunidad de Phoenix, me parece una evidencia suficiente para hacer que la pregunta sobre quién está siendo señalado por la atención de ICE sea muy relevante", comenta. "Creo que el Departamento de Policía querría saber esa información si aún no la tiene, solo para estar seguros de que no están vigilando a la gran población latina de Phoenix de una manera contraproducente".
Políticas de inmigración en todo el estado
En septiembre del 2016, la oficina del Fiscal General de Arizona, Mark Brnovich, emitió una opinión informal sobre cómo los departamentos de policía deberían aplicar la ley SB1070.
La opinión concreta que un oficial de policía municipal no puede prolongar una detención o detener para investigar el estado migratorio de una persona.
Si el oficial cree que la persona está violando la ley de inmigración, "puede arrestar al individuo y contactar" a los funcionarios federales. Pero si los funcionarios de inmigración no "responden o toman la decisión dentro de un período de tiempo razonable y no hay otra violación criminal, el oficial debería liberar al individuo", expone el argumento.
Otros departamentos de policía en el estado tienen políticas similares a las de Phoenix. Pero algunas de ellas tienen ligeras diferencias.
Por ejemplo, el Departamento de Policía de Tucson no permite que sus oficiales pregunten a los niños sobre su estado migratorio.
La política del Departamento de Policía de Mesa, también menciona que no tener una licencia de conducir de Arizona u otra identificación del formulario que confirme el estado legal en Estados Unidos, podría ser una sospecha razonable para que un oficial pregunte sobre el estatus migratorio.
De acuerdo con su política escrita, si un vehículo está "muy lleno o maneja a mucha velocidad" también le da a los oficiales sospechas razonables para interrogar a las personas en el automóvil sobre su estatus legal.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado esto como racista, diciendo que perpetúa un estereotipo de las familias mexicanas muy numerosas, quienes siempre abarrotan un vehículo.
MCSO exento de la SB1070
La Oficina del Alguacil del Condado Maricopa está en una posición única en el estado cuando se trata de hacer cumplir la SB1070.
Básicamente, no puede hacerla cumplir en absoluto.
Una orden judicial de la demanda federal Melendres vs. Arpaio, que afirmaba que los agentes de la Oficina del Alguacil tenían un perfil racial en su actuación, prohíbe a la agencia preguntar a las personas sobre su estado migratorio.
En 2013, un juez federal encontró que la oficina del ex alguacil Joe Arpaio discriminó a los latinos en sus polémicas redadas de inmigración.
El actual comisario, Paul Penzone, permite a los funcionarios de ICE investigar el estado migratorio de los reclusos preventivos.
'No podemos convertirnos en el Condado Maricopa de cuando estaba Arpaio'
Héctor Luna comenzó a entrenar jóvenes futbolistas en el año 2006 porque dice que quería devolver a la comunidad la ayuda que le brindó antes. Expone que también ama el deporte y empezó entrenando a los equipos de sus hijos.
Durante mucho tiempo había pensado que estaba a salvo de la deportación en un campo de fútbol, recuerda.
Estar en prisión durante 59 días luego de su arresto fue difícil, asegura.
"Nos mezclaron con los criminales más duros", lamenta. "Es difícil estar allí. No se lo deseo a nadie".
Delia Salvatierra, la abogada de Luna, dice que su cliente estuvo bajo custodia de la policía de Phoenix durante dos horas y media antes de ser entregado al ICE. Ella comenta que este no fue un período de tiempo razonable y que el oficial debería haber dejado ir a su representado.
El informe policial indica que el inmigrante mexicano fue "retrasado en el lugar de detención". Salvatierra argumenta que si el oficial creía que Luna era un peligro para la comunidad, debería haberlo recluido en la cárcel en lugar de hacerlo esperar durante horas para que los agentes de ICE pudieran recogerlo.
"La manera en que fue realizado este arresto necesita algo de mayor atención y algunas explicaciones", argumenta la mujer de leyes.
Ella comenta que si la policía de Phoenix continúa reteniendo a las personas más de lo necesario, estarían repitiendo las mismas prácticas que le causaron problemas a Joe Arpaio.
"No podemos volver a convertirnos en el mismo Condado Maricopa bajo el control del alguacil Arpaio", dijo Salvatierra. "El quería afectar el resultado para deportar a las personas en lugar de permitirles el debido proceso".
Un delito menor provoca el arresto de ICE
Una vez que los agentes de ICE recogieron a Luna del control de Phoenix, comenzaron su proceso de deportación.
Salvatierra convenció a un juez federal de establecer una fianza, lo cual es una rareza para los inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación.
Eso le permitió prepararse para sus casos de delito menor e inmigración, mientras pasa tiempo con su familia.
El arresto y la detención de Luna lo han cambiado, según comentan tanto él como su hija mayor.
Desde su liberación en enero, Luna dejó de conducir el automóvil, se enfocó en trabajar y dejó los entrenamientos hasta que se resuelvan sus casos de delito menor e inmigración.
"Es frustrante. Estoy triste. Arruina el ritmo de la vida. Hace que sea más difícil vivir el día a día", asegura. "Dicen que somos delincuentes y nos tratan de esa manera".
Liz Luna, de 25 años, quien trabaja para una organización política que realiza actividades de divulgación electoral, comenta que el arresto de su padre fue muy doloroso.
"Es un hombre extraordinario. Creo que muchas de las razones por las que estoy aquí y el trabajo que hago, se las atribuyo a él", expone. "Siempre me ha enseñado a vivir según los valores de cuidar a los demás, involucrarme en mi comunidad y defender a las personas que quizás no tengan voz".
Su arresto también ha impactado a algunos de los jugadores de fútbol bajo su tutela.
Akili Edmond, cuya familia se mudó a Arizona desde Tanzania, en África occidental, conoció a Luna en el 2014 mientras jugaba solitario al fútbol en un campo de la localidad.
El entrenador le pidió a Edmond que se uniera al equipo y la influencia positiva de Luna, ha afectado su vida, escribió Edmond en una carta al juez, en el caso de inmigración de Luna.
Actualmente, Edmond es un estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés).
En una carta, Edmond escribió que Luna es una figura paterna para él y le ha dado consejos positivos, no solo como jugador de fútbol, sino también del cómo debe conducirse como joven.
Cuando Edmond era un adolescente, el entrenador lo alimentaba y pagaba las llamadas de larga distancia que Edmond le hacía a su madre hasta Tanzania.
"Si continuara enumerando todo lo bueno que Héctor Luna ha hecho por mí, tendría que escribir muchas más páginas", redactó Edmond. "Pero lo más importante es que me ha ayudado mucho y ha tenido un papel importante en la transición del joven africano que vino a Estados Unidos como estudiante del séptimo grado, al hombre que asiste a ASU en este momento".
Liz Luna dijo también que antes del arresto, su familia siempre estaba preocupada por el estado migratorio de su padre. Se ha convertido en una carga aún más pesada ahora, con su futuro en el limbo.
"Cuando mi padre no era detectado por las autoridades, creo que, ya sabes, nos movíamos con normalidad. Y ahora, mi familia, como que siempre tenemos miedo. Preocupados por, ¿dónde está mi papá? ¿Está bien? e incluso si está en casa, ¿verdad? es ese miedo que no se va", dice.
Finalmente, espera que la tutoría de su padre para con los niños y su buen carácter moral, sean suficientes para convencer al juez en su caso de inmigración, para que sea digno de quedarse en los Estados Unidos.
"Creo que es mucho esfuerzo tratar de asegurarnos de encontrar formas de permanecer juntos. Pero también, ¿cuál sería otro plan?" ella se pregunta. "No hay otro diferente porque tenemos la esperanza de que mi padre sea visto como una persona de buen carácter y demuestre que se ha integrado a este país, y le permitan quedarse aquí".
Uriel García cubre temas de seguridad pública en Arizona. Comuníquese con él en uriel.garcia@azcentral.com. Sígalo en Twitter @ujohnnyg.
Traducción: Alfredo García